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La nueva ley audiovisual en España

  • Lisbeth Zamora
  • 29 may 2022
  • 2 min de lectura

En España el Congreso de los Diputados ha votado por la imposición de una nueva ley audiovisual, que ha puesto de cabeza al cine independiente, pero a todo esto, ¿En que consiste la nueva ley audiovisual y porque tanto rechazo?


Fuente de la imagen: El PAÍS



La ley audiovisual de acuerdo con el Boletín Oficial de las Cortes; “tiene como objetivo el regular la comunicación audiovisual de ámbito estatal, así como de establecer determinadas normas aplicables a la prestación del servicio de intercambio de videos a través de plataforma”


La ley establece que en la televisión abierta y de paga, al menos el 51% del tiempo de su emisión se deberá dedicar a emitir obras europeas, de este porcentaje, al menos el 50% será para producciones en español o alguna de las lenguas cooficiales.


Sin embargo, el problema abarca en los cambios que hubo en el articulo 110 donde se define lo que es ser un productor independiente.



“Se considera productor independiente […] a la persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común con un prestador del servicio de comunicación audiovisual […] y que asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la producción de programas o contenidos audiovisuales, por iniciativa propia o por encargo, y a cambio de una contra prestación los pone a disposición de dicho prestador del servicio de comunicación audiovisual”.




El Error radica en que el Partido Socialista Obrero Español cambio “un prestador por “dicho prestador” y esto según los productores, abre la puerta a que no solo las televisiones si no que cualquier otro operador puedan llegar a producir contenidos dentro de la cuota obligatoria reservada hasta ahora a la producción independiente. Esto ha ocasionado que los productores de cine se quejen, puesto que se esta motivando a una concentración inmediata de la industria en el duopolio televisivo, así como en las grandes plataformas internacionales.


Las plataformas bajo demanda y de videos destinaran un 1,5% de sus ingresos anuales de explotación en España a financiar la Radiotelevisión Española mientras que la televisión abierta un 3%. La ley audiovisual entraría en vigor en el 2023





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